Como todo el mundo conoce actualmente nos encontramos en una situación de emergencia debido a la pandemia provocada por el coronavirus que ha implicado que nuestro país haya establecido un estado de alarma que comenzó a mediados de marzo y que se mantiene en la actualidad.
Durante estos día se han dicho y escrito verdaderas barbaridades con el único fin real de intentar desgastar al Gobierno. En este texto me centraré en el uso que algunos partidos y sectores sociales han hecho de la Constitución española, puesto que se está utilizando la Carta Magna como excusa y arma arrojadiza al no tener argumentos reales ni críticas constructivas.
En primer lugar, es obvio que solo en un estado de alarma (o excepción o sitio) se puede decretar un confinamiento como el que estamos viviendo. Tiene muy poco sentido que algunos partidos digan que el plan de desescalada se puede realizar sin estado de alarma y a la vez argumenten que se están vulnerando derechos fundamentales (como el derecho de circulación, el de reunión o el de manifestación).
Es cierto, así lo han publicado diversos medios, que el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del estado de alarma y sobre si se están vulnerando derechos fundamentales. También es cierto que la doctrina se divide en este tema, pero desde mi humilde opinión no se están conculcando derechos fundamentales. Además, siempre debemos tener en cuenta que ningún derecho es absoluto y que deben ser siempre ponderados cuando entran en colisión con otros derechos (como el derecho a la vida, a la salud o a la integridad física).
De hecho ya el propio Tribunal Constitucional en 2016 estableció que el estado de alarma puede suponer la limitación o restricción de derechos fundamentales, pero no su suspensión. Y en diferentes sentencias ha dejado claro que los derechos de manifestación, reunión y libertad deambulatoria no son, como ya he expresado, ilimitados y que, por tanto, cuando se restringen debe ponderarse la proporcionalidad de la medida tomada.
En segundo lugar, se ha dicho que es falsa la afirmación del Presidente Sánchez en relación a que la prórroga del estado de alarma cada quince días es por voluntad política. Albert Rivera llegó en Twitter incluso a asegurar que era obligación del Presidente y del Gobierno y que Sánchez estaba mintiendo a la ciudadanía.
Una vez más estas acusaciones son falsas. Es obvio que el hecho de prorrogar el estado de alarma por periodos de quince días y no mayores es una voluntad concreta del Gobierno. La Constitución solo establece que el periodo inicial debe ser como máximo de ese tiempo, pero ni la Carta Magna ni la legislación que la desarrolla prohíben solicitar una prórroga de un periodo superior (ni inferior).
Habría que recordar que en 2010 cuando España vivió su primer estado de alarma el Gobierno solicitó una prórroga a dicho estado y el lapso de tiempo para el que se solicitó fue de un mes. Por tanto, es obvio que es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez posee una voluntad de prorrogar quincenalmente el estado de alarma, aunque no está obligado a hacerlo de ese modo.
En tercer lugar, cierto sector político y social grita a los cuatro vientos que se está persiguiendo la crítica, vulnerando la libertad de expresión, y que se censuran a quienes no están de acuerdo con el Gobierno. Para tal afirmación se apoyan, sobre todo, en las medidas que el Gobierno y diferentes plataformas sociales han tomado para evitar bulos informativos.
Es necesario dejar claro, antes de nada, que la libertad de expresión y el derecho a la información no protege una información falsa, menos aún si esta es difundida desde el conocimiento de su falsedad. En realidad el derecho a la información que posee la ciudadanía transita justo en el sentido opuesto y es una obligación de los poderes públicos, en el legítimo propósito de garantizar el mencionado derecho, identificar y eliminar aquellas noticias que sean falsas.
Ahora parece que nos escandalizamos con la persecución de la mentira informativa cuando es algo que se ha hecho desde tiempo inmemoriales. De hecho, es este mismo principio el que hace que los periódicos se vean obligados a publicar una rectificación cuando distribuyen una información falsa o errónea.
Además, parece lógico pensar que cualquier persona que defienda el derecho a la información debe estar en contra del bulo informativo, puesto que este crea desinformación.
En cuanto a la libertad de expresión tampoco es un derecho ilimitado que permita difundir falsedades por deseo propio sin asumir las consecuencias de estos actos. Aun así es sorprendente que en un momento político (que inició ya hace algunos años) en el que viendo perfiles de redes sociales podemos encontrar falsedades manifiestas contra dirigentes socialistas o de Podemos o directamente mensajes que llaman «asesino» a Pedro Sánchez estemos gritando que no se respeta la libertad de expresión y que se censuran mensajes.
No hace falta más que leer todos esos mensajes críticos, algunos hasta rozando lo delictivo, para comprobar que la libertad de expresión y el derecho a la información no se ha visto alterado en estos momentos.
En cuarto lugar, hay sectores que, por el bien de la Constitución, solicitan la intervención del Jefe del Estado, presupongo que para hacer caer a este Gobierno. Estos son los que más se llenan la boca con nuestra Constitución obviando que su propuesta es inconstitucional y supondría un claro golpe de Estado. Nuestra Carta Magna establece las atribuciones del Jefe del Estado y ninguna de ellas es ni controlar al Gobierno (labor de las Cortes Generales) ni censurarlo (función del Congreso de los Diputados).
La realidad es más bien al contrario. El Rey, en tanto que Jefe de Estado, debe someter todas sus acciones al respaldo del Gobierno y no posee acción en el poder ejecutivo. Así las cosas, quienes proponen o solicitan esta acción no poseen ningún respecto a la Constitución o, lo que sería casi peor, no se han leído su articulado.
En último lugar, saliendo un poco del ámbito jurídico, algunas personas comparan la situación actual o la «nueva normalidad» de la que ha hablado Pedro Sánchez con una dictadura. Este es un argumento falaz y carente de sentido. Es producto de quien no sabe cómo criticar y cae directamente en el insulto. En esta pandemia han muerto muchas personas y debemos no olvidarlas y honrarlas, pero no podemos olvidar que en la última dictadura que vivió nuestro país otras muchas personas fueron asesinadas, torturadas, vejadas y perseguidas y es un insulto a todas esas personas que sufrieron tanto comparar la actual situación con una dictadura.
Para finalizar me gustaría lanzar una reflexión. Soy consciente de la situación en la que nos encontramos y también de que el aislamiento no todo el mundo lo lleva bien, pero la forma de solucionar la situación actual no es atacando y criticando destructivamente al Gobierno y menos aún si es con argumentos falsos o falaces como los anteriormente mencionados.
Ahora debemos demostrar, como sociedad, que podemos aproximarnos ante la adversidad y que la unión hace la fuerza. Solo espero que quienes ahora critican de forma destructiva por interés partidista o motivos personales se den cuenta algún día de que no era el camino correcto.
Actualizaciones
2021:
En la STC 148/2021, de 14 de julio de 2021, se declara la inconstitucionalidad de las medidas de confinamiento domiciliario adoptadas durante la pandemia por entenderlas como una suspensión de derechos.
2024:
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 136/2024, de 5 de noviembre de 2024, revisó la doctrina anterior considerando que el estado de alarma es suficiente para realizar las restricciones de derechos que ocurrieron durante el confinamiento domiciliario acordado durante la pandemia de COVID-19 en España.